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LA TRAMA DE LOS APORTES TRUCHOS
La fiscalía ordenó las primeras medidas para investigar los fondos de campaña de Cambiemos

El fiscal Di Lello busca verificar los datos de la investigación periodística que reveló que titulares de planes sociales figuran como aportantes de la campaña de Cambiemos en la provincia.


Esteban Bullrich y Graciela Ocaña, con aportantes truchos.



El fiscal federal con competencia electoral, Jorge Di Lello, ordenó las primeras medidas para determinar si Cambiemos hizo figurar aportantes truchos para la campaña de sus candidatos a legisladores de la provincia de Buenos Aires, con Graciela Ocaña y Esteban Bullrich a la cabeza, en las elecciones del año pasado y si, además, los afilió de prepo, sin que se enteraran. La investigación preliminar se inició a raíz de una investigación del periodista Juan Amorin, en el El Destape, que reveló dos semanas atrás que Cambiemos utilizó la identidad de al menos 205 personas titulares de los planes sociales Ellas Hacen y Argentina Trabaja. Con el correr de los días la lista trepó a 467 personas, todas habitantes de barrios pobres en territorio bonaerense.    
Lo primero que dispuso Di Lello fue constatar –con personal de Gendarmería– los domicilios de las personas cuyos nombres figuran como aportantes a la campaña con sumas que oscilan entre los 300 y los 1500 pesos. De la tanda inicial detectada la mayoría sería de Quilmes y otros puntos de la zona Sur y del Oeste de bonaerense. Pero además el fiscal requirió un informe sobre las condiciones socioeconómicas en las que viven.  Vía Anses, quiere constatar si son beneficiarios de planes sociales, tal como surge del hallazgo periodístico a través de la base de datos de Ministerio de Desarrollo Social. A la Cámara Electoral le pidió información sobre las afiliaciones partidarias de los aportantes falsos. Para comenzar, la fiscalía tomó 50 casos, pero luego ampliaría a todos los que se fueron agregando. Ya le tomó declaración testimonial a Amorin. Cuando obtenga las primeras respuestas a sus oficios, podría convocar a prestar testimonio a alguno de los falsos aportantes que habría inventado Cambiemos.

La información que quedó a la vista surge de un cruce de datos de un informe que remitió cambiemos a la Justicia Electoral y la base de beneficiarios de los planes Argentina Trabaja y Ellas Hacen. Pero cuando las personas fueron contactadas por el periodista, fueron negando una a un haber hecho aporte alguno. Varias incluso se declararon poco afines al partido gobernante. El fin de semana último mostró entrevistas con aportantes que aparecen afiliados a Cambiemos y que niegan esa afiliación. Son todas personas humildes, que están en situación de pobreza y viven en villas. Incluso varios refirieron que su situación económica se deterioró tanto que mal podrían haber hecho un aporte económico de estas características.

Lo que seguirá luego de constatar todo lo que pidió Di Lello, será establecer qué tipo de delito o delitos  están en juego. Hay una posible infracción a la ley de financiamiento de los partidos políticos (26.215), pero podría haber falsificación de firmas y documentos (esto habrá que determinarlo), usurpación de identidades, entre otras cosas. Según allegados a la fiscalía, la rendición de aportes de campaña de Cambiemos no está cerrada aún: después de presentada se realiza una auditoría, para la cual el plazo es de 180 días, que aún no se venció. 

En otra fiscalía, la de Carlos Stornelli, tramita otra denuncia que presentó La Alameda (que lidera Gustavo Vera), donde plantea que existió una maniobra de lavado de dinero, ya que no habría explicación sobre el origen de toda esa plata que aparece justificando aportes de campaña. Stornelli todavía no se pronunció para determinar si considera que hay elementos para impulsar la acción penal y abrir una causa. Deberá hacerlo ante el juez Sebastián Casanello. Las personas denunciadas por la fundación son Esteban Bullrich y Gladys González, que fueron candidatos a senadores, y Graciela Ocaña y Toty Flores, candidatos a diputados. Los considera responsables de “utilizar las funciones del Estado para acceder a información sobre personas vulnerables y utilizarlas para introducir dinero ilícito en el sistema legal de financiamiento de partidos políticos”.


Fuente: Página 12.




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