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El Colegio de Jueces Penales de Santa Fe avaló el allanamiento a la Municipalidad de Santa Fe

El allanamiento a la Municipalidad de Santa Fe el 10 de octubre que solicitó el fiscal Roberto Apullán y autorizó el juez Sergio Carraro fue legal.



“Se ajustó a derecho”, dice un dictamen de la presidenta del Colegio Pleno de Jueces Penales de Santa Fe, Marta. Apullán investigaba “las cajas negras” del intendente José Corral, pero fue lo último que hizo porque al día siguiente, el fiscal regional Carlos Arietti le pidió el legajo y lo desplazó de la causa.

Envalentonado, Corral no sólo denunció a Apullán sino que le reclamó a la Corte Suprema que investigue al juez Carraro porque nadie le avisó del operativo, ni le pidieron la entrega de los documentos y archivos informáticos incautados. “La orden de allanamiento no resulta desproporcionado ni ilegítima jurídicamente”, como sostiene Corral, dictaminó Feijóo.

“No parece racional pensar que los elementos que permitan esclarecer los hechos le sean requeridos a modo de colaboración a quienes aparecerían como posible responsables de los mismos y menos aún ‘darle aviso'”, cuando conforme al pedido del fiscal “la medida no admitía demora ante el riesgo de frustrarse la investigación”.

El dictamen del Colegio de Jueces Penales comienza a descorrer la trama. El mismo 10 de octubre, Corral llamó al presidente de la Corte Daniel Erbetta para quejarse por el allanamiento, según reconoció el propio magistrado, quien consideró “atendible” el planteo del intendente y hasta lo interpretó como un “comentario institucional”. Hubo otros llamados. Y luego se reunió con el gobernador Miguel Lifschitz en la Casa Gris, donde uno de los temas de agenda fue “el Ministerio Público de la Acusación”, según informó El Litoral. El miércoles 11, Arietti desplazó al fiscal Apullán de la investigación.

Corral solicitó la “intervención” de la Corte para que investigue a “si lo actuado” por Carraro “había sido conforme a derecho”. El 3 de noviembre, la Corte le pidió un informe al Colegio Pleno de Jueces Penales de Santa Fe y su presidenta, la doctora Feijóo, firmó su dictamen el penúltimo día hábil diciembre.

Entre otras cosas, Corral se quejó porque no le habían avisado del operativo, que el “allanamiento” no era necesario, era suficiente que le pidieran los archivos incautados, agitó la teoría conspirativa porque se realizó en medio de la campaña del 22 de octubre. Y concluyó que la medida era “desproporcionada institucionalmente e ilegítima jurídicamente”.

Feijóo dictaminó que la solicitud de allanamiento del fiscal Apullán y la orden del juez Carraro que lo autorizó estaban más que fundadas. “La medida se presenta como necesaria para lograr el esclarecimiento de los hechos y dar con sus eventuales autores” y no admitía “demoras” ante “el riesgo de frustrar la investigación”, explicó al citar la resolución del magistrado.

“Puede concluirse -sostuvo la jueza‑ que ante el anoticiamiento al Ministerio Público de la Acusación de posibles hechos ilícitos relacionados con un ‘Programa’ a cargo de la Municipalidad de Santa Fe”, el fiscal Apullán “solicitó fundadamente” al juez Carraro que “autorice y ordene el allanamiento de las oficinas” cercanas a las de Corral “a fin de esclarecer los hechos y no frustrar la investigación”. “El juez hizo lugar a la medida” y “no se observa ningún apartamiento de la normativa legal aplicable”, agregó.

“La orden de allanamiento de la Municipalidad no resulta ‘desproporcionada’ ni ‘ilegítima jurídicamente’ como lo sostiene el intendente Corral”, dijo Feijóo. Y se permitió una ironía: “No parece racional pensar en que los elementos que permitan esclarecerlos le sean requeridos a modo de colaboración a quienes aparecerían como posibles responsables de los mismos, menos aún ‘darles aviso’ cuando, conforme el pedido de allanamiento la medida no admitía demora ante el riesgo de frustrarse la investigación”.

“La resolución del juez Carraro no luce ‘ilegítima jurídicamente’ ni mucho menos arbitraria”. Por el contrario, “la orden de allanamiento librada” por el magistrado a pedido fundado del fiscal configuró un “reaseguro”, “una extensión” de garantías de constitucionales.

Y acerca de la “repercusión pública que tuvo la medida” porque “se realizó” en vísperas del 22 de octubre “son cuestiones que escapan de la labor jurisdiccional del doctor Carraro”, advirtió Feijóo. “Los posibles hechos ilícitos que se denuncian” ya habían informados por distintos medios, “la medida se practicó en un edificio público” al que tiene acceso cualquier persona. Y el “tiempo” es el de la investigación penal que “se cuenta de corrido” y no considera “días festivos” o “tiempos electorales”, volvió a ironizar Feijóo. Y concluyó que el doctor Carraro “actuó dentro de la regularidad procesal pertinente”.

www.Página12.com.ar




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