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PERÚ SE ESCONDE DE LA JUSTICIA UNIVERSAL
El gobierno avisó que no acatará un fallo de la CIDH sobre el indulto a Fujimori

A petición de la CIDH y de las organizaciones defensoras de las víctimas de Fujimori, que criticaron la medida, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó para el 2 de febrero una audiencia para evaluar el indulto.


Policías empujan a manifestantes cerca de la clínica donde está internado Fujimori.



El gobierno de Perú no acatará un eventual fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en rechazo al indulto que el presidente Pedro Pablo Kuczynski concedió hace una semana al ex mandatario Alberto Fujimori, advirtió la vicepresidenta y primera ministra, Mercedes Aráoz. “Somos obedientes de nuestros compromisos internacionales, pero tenemos una Constitución que es expresa en la capacidad del presidente de otorgar indultos o no; tenemos que hacer caso primero a nuestra Constitución, obviamente”, dijo Aráoz en una entrevista publicada ayer por el diario limeño Correo.


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó el viernes el indulto “por tratarse de una decisión contraria a las obligaciones internacionales del Perú” que “incumple con requisitos legales fundamentales”, al “desconocer la proporcionalidad entre el perdón de la pena y la gravedad de los delitos”.

A petición de la CIDH y de las organizaciones defensoras de las víctimas de Fujimori, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó para el 2 de febrero una audiencia para evaluar el indulto, pues existen sentencias de este tribunal que calificaron los casos de Barrios Altos y La Cantuta como delitos de lesa humanidad. Lo hizo tras haber examinado en su momento las dos masacres en las que murieron en total 25 personas y por las cuales el ex mandatario fue condenado a 25 años de cárcel como autor mediato.

Tratados internacionales establecen que no debe haber beneficios para responsables de crímenes de lesa humanidad, pero en el caso de Fujimori el gobierno recurrió a la figura de “indulto humanitario”, basado en los múltiples problemas de salud del ex presidente, de 79 años de edad.

El indultado ex presidente peruano Alberto Fujimori, quien asumió democráticamente en 1990 y luego gobernó la mayor parte de su mandato hasta el año 2000 a partir de un autogolpe de Estado, pasará los próximos días internado en la clínica de Lima donde es sometido a análisis por problemas estomacales, informó ayer su médico personal, Alejandro Aguinaga.

El médico descartó que el ex mandatario pueda ser dado de alta en las próximas horas porque, según dijo, aún permanece en reposo en el área de cuidados intermedios de la clínica Centenario, en el distrito limeño de Pueblo Libre.

“Fujimori está con visitas restringidas. Vamos a ver las próximas 48 horas qué respuestas hay y de acuerdo a eso los profesionales que están en cuidados intermedios, que es una área crítica también, darán la autorización o no, pero de momento no hay alta hasta un próximo aviso”, indicó el médico anoche en rueda de prensa.

Aguinaga añadió que, aunque Fujimori sigue siendo controlado por problemas estomacales, ha mostrado una “mejoría en relación a las últimas 48 horas”.

“Está en reposo y monitoreado. Con relación a ayer hay una respuesta positiva”, sostuvo sin dar más detalles, según medios locales. Durante su internación en la clínica Centenario, a donde fue trasladado la semana pasada por presentar problemas cardíacos, Fujimori es visitado por sus hijos, principalmente por el congresista Kenji Fujimori –quien encabeza la parte de la bancada que garantizó la continuidad del presidente Kuczynski– y por la líder del partido opositor Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Fujimori, quien cumplía desde 2009 una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, recibió el 24 de diciembre pasado un indulto otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien recientemente sobrevivió a una destitución parlamentaria gracias a los votos de una parte de la bancada fujimorista.

Aunque el gobierno insiste en que la decisión fue tomada por razones estrictamente humanitarias, el indulto ha generado duras críticas contra Kuczynski e incluso multitudinarias manifestaciones de protesta esta semana. El sábado, bajo el lema “Fujimori nunca más”, una marcha que comenzó en las plazas céntricas San Martín y 2 de Mayo, desde donde los manifestantes, la mayoría jóvenes, se movilizaron por diversos caminos hasta llegar al frente del Palacio de Justicia, lugar previsto para el cierre del acto. Aunque la movilización transcurría en forma pacífica, algunos subgrupos que se apartaron de la marcha central para iniciar sus propios recorridos tuvieron enfrentamientos con policías en el distrito limeño de Lince.

Según el canal de televisión RPP, otro grupo buscaba avanzar hacia los exteriores de la clínica Centenario, en el distrito limeño Pueblo Libre, donde Fujimori permanece internado desde el sábado por supuestos problemas de hipotensión. Intensas movilizaciones también se registraron en ciudades como Arequipa, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Tarapoto, Piura, Cusco, Abancay, Huancayo, Huamanga y varias más en la costa, los Andes y la Amazonía, recogieron los medios locales que registraron en algunos casos choques aislados con las fuerzas de seguridad. 

Sin embargo, según una encuesta publicada ayer por la prensa local, El 56 por ciento de los peruanos está a favor del indulto otorgado al ex mandatario Alberto Fujimori (1990-2000) por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, cuya aprobación subió siete puntos en el último mes,

La encuesta, elaborada por la empresa Ipsos y publicada ayerpor el diario limeño El Comercio, reveló que un 40 por ciento de la población se muestra en contra de la gracia presidencial concedida a Fujimori. A pesar de eso, el 63 por ciento de los consultado cree que Kuczynski decidió otorgar el indulto “porque negoció los votos que lo salvaron” de ser destituido.

Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión como autor mediato (con dominio (con dominio del hecho) de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), ejecutadas por el grupo militar encubierto Colina, además de por los secuestros de un periodista y un empresario tras su “autogolpe” de Estado de 1992.



Fuente: Página 12.




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