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Reclaman el ''urgente'' tratamiento del proyecto de ley de educación sexual integral

La iniciativa presentada en 2016 fue aprobada en las comisiones de Educación y Presupuesto, pero fue 'obstaculizada' en la comisión de Asuntos Constitucionales tras una nota presentada por el Consejo de la Pastoral Evangélica de Rafaela y alrededores.




Diferentes movimientos y agrupaciones exigen a la Legislatura provincial el tratamiento y aprobación 'urgente' del proyecto de ley provincial de Educación Sexual Integral (ESI).

Se trata de la iniciativa presentada en 2016 por el diputado Julio Garibaldi, que fue aprobada en las comisiones de Educación y Presupuesto, pero fue 'obstaculizada' en la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados, el 17 de mayo pasado, tras una nota presentada por el Consejo de la Pastoral Evangélica de Rafaela y alrededores. 'Fue un lobbie religioso para la ley no saliera', aseguró Carmiña Sciarratta, de la asociación civil Las Pauluzzi.

'Estamos en situación de alerta', aseguró. Antes de que caiga el proyecto, buscarán reuniones dentro de la Cámara de Diputados. Para miembros del Frente por la ESI, la normativa es 'fundamental para dar respuestas estructurales y a largo plazo en cuestiones de violencia machista'.

El proyecto provincial se fundamenta en la Ley Nacional N° 26.150 que tuvo discusión y acuerdos entre varios sectores. Por ello, desde la organización Las Pauluzzi llamaron a otras agrupaciones, gremios y demás sectores a adherir al reclamo del tratamiento del proyecto, antes de que pierda estado parlamentario, el mes que viene.

'Estamos en situación de alerta y atención, para que sea una realidad la implementación sostenida en el tiempo de la Ley de Educación Sexual Integral en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Tal proceso sólo lo vemos consolidado con la legitimidad que le ofrecería a la misma la sanción de una norma provincial que le otorgue territorialidad real', señalaron.

¿Desde cuándo a un Estado laico le tiene que preocupar la opinión de las iglesias', pregunta Argiroffo.

Para la organización 'es fundamental que el Estado provincial pueda tomar decisiones libres, sin injerencia de los credos religiosos, para fortalecer los derechos de niñas, niños y adolescentes. El silencio y la inacción por parte del Estado constituyen graves desajustes en relación a la Ley Nacional que la sostiene y con el resto del plexo normativo, tratados y convenciones internacionales establecidas en nuestra Constitución Nacional'.

Por ello, señalaron que esperan una respuesta 'a cumplimentar dicha legalidad de modo responsable y sabiendo que el Estado es quien debe desempeñar su obligación de legislar para aquellos sujetos que todavía no tienen voz parlamentaria, las más vulnerables, las infancias y las adolescencias'.

Carla Millán, del Frente por la ESI, dijo que 'se viene insistiendo desde el año pasado para que se le dé tratamiento a este proyecto. La única comisión que quedaba es la de Asuntos Constitucionales, donde se detuvo el avance, porque no existió voluntad. A fin de 2016 nos dijeron que eran muchos los proyectos, pero este año nos hablaron de falta de los consensos suficientes y que era mejor discutirlo en el marco de la ley de educación provincial y no en una ley específica; sin embargo, nos enteramos (en mayo) que llegó una carta de sectores religiosos con un pedido de que no se trate, porque ellos querían participar del debate. Estamos en desacuerdo, porque entendemos que es importante una ley específica para orientaciones de trabajo, porque cuando se aprobó la ley no existían otras leyes como la de Matrimonio Igualitario e Identidad de Género. Además, entendemos que se le da jerarquía al equipo que depende del Ministerio de Educación. Por otro lado, al haber un desfinanciamiento a nivel nacional, una ley provincial es una salvaguarda que la provincia de Santa Fe tome en sus manos esta política pública'.

Ante estos planteos, la subsecretaría de Políticas de Género del Gobierno de Santa Fe manifestó su preocupación en un comunicado, 'frente a la proliferación de posiciones antiderechos por parte de grupos conservadores en torno a la implementación de la ESI como política de Estado para garantizar derechos humanos fundamentales de los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes'; e invitó a organizaciones de la sociedad civil a sumar adhesiones para el pleno desarrollo de la ley. Consideran que el sector religioso que frena el proyecto es 'sesgado y retrógrado en cuanto a la protección integral de derechos'. Y agregaron, 'es una obligación del Estado garantizar el ejercicio de este derecho inalienable que contribuye a la construcción de proyectos de vida y de subjetividades positivas'.

'La ley genera un piso muy importante que debe ir acompañado de política pública', explican desde Amsafé.

'La Educación Sexual Integral es un Derecho Humano vigente a nivel nacional e internacional para el pleno desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Desde el gobierno de Santa Fe, se desarrolla ‑y sigue siendo necesario el fortalecimiento permanente‑ un programa de abordaje específico de las temáticas vinculadas con la sexualidad, el género, el cuerpo y los afectos desde una perspectiva del derechos humanos, de género, la igualdad de oportunidades y la construcción de convivencia y ciudadanía', dijo la titular del área, Gabriela Sosa.

En tanto, desde Amsafé Rosario, Beatriz Argiroffo lamentó '¿Cómo puede ser que el mismo Estado provincial manifieste su preocupación por la opinión de los evangelistas? ¿Desde cuándo a un Estado laico le tiene que preocupar la opinión de algunas minorías que vienen a vulnerar derechos consagrados en leyes nacionales y convenios internacionales?', lamentó; y recordó que se logró sacar leyes como el divorcio, patria potestad compartida y las últimas de Matrimonio Igualitario e Identidad de Género. 'Tiene que ver con una ampliación de derechos humanos', señaló. También habló de 'irresponsabilidad' del 'legislador (Gribaldi) que presenta el proyecto y después se echa atrás'.

Marita Menna, de Amsafé provincial, indicó que 'la ley genera un piso muy importante que debe ir acompañado de política pública para la protección de derechos. Es complejo por cómo esto se roza con las creencias religiosas y populares, por ejemplo en los pueblos. Esto tiene que ser regulado por el Estado, porque es lo que permite actuar'. Al mismo tiempo, lamentó 'una falta de decisión' para avanzar con esta política pública.


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